Un día después de la imagen de dos pibes precintados a la fuerza en las rejas de la Casa Rosada, el gobierno nacional anunció la disolución de 11 políticas públicas para el desarrollo de la niñez.
Normalmente los chicos no son noticia. O, mejor dicho, no son buena noticia. En las últimas semanas apenas, fueron protagonistas de las secciones policiales, como víctimas y como victimarios.
El caso de Kim Gómez, arrastrada hasta la muerte por dos adolescentes que robaron el auto a su mamá en La Plata, reabrió el incansable debate por la imputabilidad de las personas menores de edad.
Entretanto, uno de los detenidos -de 14 años- fue visto por una cámara de seguridad caminando lejos del lugar del hecho. Aun cuando los responsables tuvieran menos de 18 años, volvió a faltar una parte del debate, indispensable para resolver la problemática y evitar más víctimas inocentes. ¿Por qué y para quién roban los menores de edad, en un país donde la mitad de ellos viven en la pobreza o la indigencia?
El 12 de marzo, durante la represión a la movilización por los jubilados, dos chicos fueron precintados durante horas por policías a las rejas de la Casa Rosada, presuntamente porque estaban arrojando piedras junto a otros manifestantes. Más allá de que nadie los vio tirar nada y una de las madres aclaró que habían salido de la escuela y se encontraron con muchas calles cortadas, por lo cual terminaron en Plaza de Mayo, la imagen -que se entremezcló entre otras terribles de esa jornada- simboliza, quizá como ninguna otra, el lugar que ocupa la infancia hoy en nuestro país.
Dos chicos de 14 y 12 años, yendo del colegio a su casa, capturados por la fuerza policial en medios de tumultos generados por adultos, sentados en el piso durante horas con sus manos atadas al edificio donde se ubica el máximo poder de la república.
“Tenía todas las muñecas marcadas de los precintos. Tenían frío y no dejaron que se pongan la campera. Tampoco los dejaron hacer pis hasta que llegamos los papás. Si no fuera por dos señoras que estuvieron con ellos toda la tarde, no sé qué hubiera pasado”, lamentó la mamá de una de ellas. ¿Seguro que las paga el que las hace? ¿Qué están pagando los más chicos en un país que se agrieta hasta el abismo?
Un día después de la imagen de dos pibes atados a la fuerza a la Casa de Gobierno, el propio gobierno anunció la disolución de 11 políticas públicas para el desarrollo de la niñez.
Bajo el argumento de «una indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas”, fueron eliminados:
El programa Participar en Comunidad, que buscaba “promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al Fortalecimiento para el Desarrollo Humano”.
- El Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, a través de la resolución 144/2025. Esta iniciativa tenía como fin “el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos, a fin de garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su ‘centro de vida’”.
- El Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti, que posibilitaban “la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas”.
- Los Centros de Referencias, que funcionaban como “instrumento de afianzamiento de la presencia institucional del Ministerio en el territorio nacional”.
- El programa Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (Jugar), que tenía por objetivo “propiciar la producción de conocimiento en la temática del juego en la franja etaria comprendida entre los 0 a 17 años, garantizando de esta manera el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes en todo el país”.
- El Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que permitía el “descanso y al esparcimiento, el juego y las actividades recreativas”.
- El Departamento de Salud Integral, que buscaba brindar una asistencia directa a aquellos niños y adolescentes que se encontraban en institutos que estaban a cargo de la Secretaría de Niñez.
- El Consejo Consultivo de Adolescentes y el Programa nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes.
- El Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, que daba a los hijos de madres en prisión -en establecimientos penitenciarios o arresto domiciliario- la posibilidad de ejercer sus derechos.
- La Línea Activar, que estaba abierta para que los y las adolescentes pudieran llevar adelante “una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaran los lazos comunitarios y su autonomía progresiva”.
- La Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos.
Según Caritas Argentina, 7 de cada 10 niños viven en hogares pobres, en tanto casi el 30 por ciento vive en la indigencia. Si bien este cuadro de situación no emergió en los últimos meses, sino que es producto de un largo proceso de pauperización, el interrogante es cómo y cuándo la curva descendente va a revertirse.
Es cierto que la desaceleración de la inflación amortigua el impacto diario en los bolsillos de los segmentos medios y bajos, fundamentalmente ¿Alcanza con eso? Ante el retiro de todas estas políticas públicas, qué pasa hoy con las dramáticas necesidades irresueltas de los más vulnerables.
La transmisión intergeneracional de la pobreza seguirá su curso durante décadas si las administraciones públicas y la sociedad en general no cuidan a la infancia. Las imágenes y relatos de estos tiempos marcan que, lamentablemente, no es lo que ocurre.
| A mediados de septiembre pasado, una nena de 10 años recibió de manera directa un disparo de gas lacrimógeno de parte de un policía federal. En ese momento, la ministra Bullrich, declaró: “El policía no gasea a la niña. La niña ya estaba gaseada”. El mismo uniformado estuvo este 12 de marzo, en la manifestación de los jubilados e hinchas de fútbol. Esta vez no lanzó gases, si no que estaba al mando de quienes lo hacían.
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Los pobres no tienen edadSegún como niños, jóvenes o adultos pobres puedan acceder a los alimentos serán más viejos que un viejo pobre que, al menos, fue bien alimentado cuando era niño. Un viejo pobre, aunque no se alimente bien y no tenga acceso a todos los remedios, puede ser más joven que un joven mal alimentado, atravesado por la alimentación chatarra y el consumo de drogas. La pobreza construye un estado sin tiempo. El hambre acosa, las autoridades acosan, la policía castiga sin importarle la edad del objeto de castigo. Todos los días, yendo a FUNDAMIND, veo como aumenta el número de viejos, jóvenes, familias, niños que duermen en la calle. A veces me angustio y otras me entristezco. Entonces camino lento para verlos, como si observándolos pudiera ayudarlos. Pienso que el ir a FUNDAMIND me permite hacer algo por los más chicos y me despierta la esperanza que esos niños -por los que trabajo todos los días- no llegarán a vivir en la calle. Entonces acelero el paso, quiero llegar lo más rápido posible para ver cómo están, si comen, duermen, juegan, cantan, bailan… Verlos crecer, desarrollarse, recuperarse de las enfermedades y aprender, me da esperanza. Siento que serán fuertes y las circunstancias de los poderes más siniestros no le impedirán vivir dignamente cuando sean adultos. Por las noches, cuando regreso, veo a los que están hurgando en los contenedores, los que ahí mismo comen algo que rescataron, los que están eligiendo -dentro del contenedor-lo que van a llevar. También veo a los niños solos que caminan buscando quién les dé algo. Entonces me pregunto qué hacer. No logro nada más que solidarizarme, dar lo que puedo de comida o ropa y desearles suerte. Y me sorprendo entrando a mi casa repitiendo la letra de la canción rapera de un niño viejo que me crucé al atardecer. «La policía nos da palos porque tenemos hambre». Lo que hacemos desde FUNDAMIND no es la solución absoluta, pero es un hacer que deja algo bueno todos los días en ciento setenta y cinco niños, sus hermanos, sus padres y sus abuelos. Marisa Mujica, Psicóloga, Docente y Directora de Programas Sociocomunitarios en FUNDAMIND. |
¿Qué pasa con los chicos que delinquen?
El castigo penal es una herramienta que toda sociedad debe tener para marcar los límites dentro de los cuales sus integrantes pueden convivir y realizarse en cierta armonía y en paz.
Ahora bien, qué ocurre cuando la propia sociedad genera desigualdades tan flagrantes que provocan, a su vez, acciones y reacciones que violentan esos límites.
¿Es normal que un chico esté fuera de la escuela un día de semana al mediodía, consumiendo sustancias que alteran su conducta? ¿Quién le proveyó esa sustancia? Si agrede a terceros en un acto delictivo ¿lo hace para sí o para un tercero? La primera hipótesis es que siempre que un menor de edad comete un delito hay atrás un adulto responsable.
Las instituciones más cercanas -la familia, en primer lugar pero también la escuela, el club, el municipio, etc- tienen alertas que deberían ser encausadas a tiempo para evitar que ese chico quede subsumido en el entramado delictivo.
Otras instituciones, como la Policía, la Justicia y distintos dispositivos públicos, tienen la otra gran parte de la responsabilidad, por acción u omisión
Dicho esto, cabe subrayar un dato: el 1% de los delitos graves (incluyendo homicidios) son cometidos por menores de 16 en Argentina. Es muy poco significativo estadísticamente pero, cuando ocurre, pasa al primer plano de medios masivos, captura la conversación digital y ocupa gran parte de la discusión pública.
En efecto, el proyecto de Ley Penal Juvenil enviado al Congreso a mediados del año pasado por el Gobierno Nacional -alentado con la consigna “delito de adulto, pena de adulto”- estipula la privación de la libertad de adolescentes de 13 a 18 años.
La realidad es que, actualmente, el marco normativo es un decreto-ley firmado en el año 1980 por el dictador Jorge R. Videla. Si bien la punibilidad rige desde los 16 años, según el último relevamiento nacional de Dispositivos Penales Juveniles (de la ahora vaciada Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ¨SENAF¨), hay unos 2.400 menores de edad en centros especializados de aprehensión, de los cuales casi la mitad tienen menos de 16.
«El 56,8%, se encuentra en dispositivos de privación y/o restricción de libertad en distintas jurisdicciones del país, afectando gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes protegidos por la legislación nacional vigente. Por lo tanto, se considera prioritario aunar esfuerzos y recursos para evitar el ingreso y la permanencia de adolescentes no punibles en dispositivos penales juveniles», dice ese informe.
En 2023 se iniciaron causas penales contra 1767 niños, niñas y adolescentes en la CABA. El dato surge de un informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema. Los delitos contra la propiedad representaron el 83% del total de causas.
Desde el año 2002, luego 2010 y, más recientemente, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le solicitó al Estado argentino que “derogue la Ley Nº 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil”.
Según el abogado especialista en Justicia Penal Juvenil Santiago Amilcar Travaglio, no es posible “desconocer la necesidad de un cambio en materia penal juvenil y tampoco soslayar que a problemas urgentes se requieren respuestas rápidas. Pero eso no implica, bajo ningún concepto, aceptar sin objeciones cualquier propuesta o relegar los valores y derechos humanos que nos representan como Estado so pretexto de otorgar gobernabilidad”.
Ante los espasmódicos intentos de cambiar el marco legal, en lugar de discutir a fondo cómo prevenir la delincuencia juvenil, UNICEF señaló que “si bien hay un amplio nivel de acuerdo sobre la necesidad modificar la ley actual, esta modificación debe tener como objetivo principal la reinserción social de las y los adolescentes infractores, además de permitir trabajar en su responsabilización y el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de terceros”.
En ese mismo sentido, el cura villero Pepe Di Paola sostiene que ¨a los chicos que delinquen hay que darles Educación y formarlos en el trabajo digno¨. Hoy en día los niños, adolescentes y jóvenes de los barrios más pobres necesitan de una contención y apoyo que el Estado no les está dando, al contrario se los violenta, explota y estigmatiza.
“Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para esto se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito.”